This petition is in both Spanish and English. (See below) ESPANOL: Dear Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez and Lic. Gerardo Mosqueda Martinez, Sabían ustedes que en el Estado de Guanajuato la ley autoriza el aborto a a las mujeres víctimas de violación sexual y sin embargo en práctica cotidiana, consistentemente y sin excepción se les ha negado este derecho En este Estado de gente culta, justa y preparada, ocurre una evidente y continua violación a los derechos humanos de la mujer guanajuatense, debido a leyes estatales y practicas establecidas que no solo no garantizan el acceso a un aborto seguro y legal sino que además procesan penalmente a la mujer que acude a una clínica u hospital público con el objeto de recibir atención médica post-aborto. Mi nombre es Fernanda Parra Chico, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Seattle en Washington, E.E.U.U. y me dirijo a ustedes como guanajuatense y ferviente defensora de derechos humanos , aunada al respaldo y apoyo de quienes al margen firman, expresando un profundo interés y consternamiento por la salud reproductiva de las mujeres en el estado de Guanajuato. A pesar de que en Guanajuato el aborto es legal solamente en casos de violación sexual, en los últimos ocho años, el Estado ha negado todas y cada una de las peticiones a recibir servicios médicos de aborto, presentadas por mujeres embarazadas víctimas de violación sexual. A lo largo del mismo periodo de tiempo, aproximadamente 130 mujeres han sido sentenciadas por haber intentado obtener, o por haber colaborado en la ejecución de un aborto legal. Por consiguiente no solamente estas víctimas de violación sexual (mujeres con derecho legal al aborto) con frecuencia desconocen que si pueden tener acceso a servicios de salud pública, o se les niega tratamiento oportuno, sino también aquellas mujeres quienes sufren complicaciones resultantes del aborto ilegal, temen el acudir al hospital público y ser arrestadas bajo sospecha de haber inducido el aborto. Al no permitirse el aborto por ley, en la práctica, muchas mujeres acuden al mercado negro con el fin de obtener medicamentos o remedios abortivos; estas mismas mujeres, a menudo después de hemorragias y complicaciones casi mortales, evitan el acudir a hospitales públicos por temor a ser procesadas por la ley. El temor, humillación, degradación y sufrimiento físico no se deben asociar con el derecho de la mujer a la atención y al cuidado seguro y confidencial de su salud reproductiva. La falta de acceso a servicios médicos en buena fe, incluyendo el aborto legal como consecuencia de violación sexual, y atención médica segura y confidencial de las complicaciones post-aborto, constituye una violación a una serie de derechos humanos fundamentales de la mujer, una ofensa a su dignidad y un infringimiento a su derecho a su bienestar sexual. El 2 de Marzo del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la constitucionalidad de una ley de salubridad de la Ciudad de México que permite el aborto y declaró que la ley era “ideal en la protección de los derechos de la mujer, ya que la penalización de la terminación del embarazo contraviene la libertad de la mujer en decidir sobre su cuerpo, su salud física y mental y su vida en sí.” En reconocimiento al razonamiento de la Suprema Corte y a las obligaciones en derechos humanos internacionales de México hacia la mujer, Guanajuato debe reformar las leyes de aborto y su Código de Procedimientos Penales para hacerlos consistentes con los estándares del derecho humano internacional –Incrementar la información referente a Salud Pública y Servicios a la Mujer, quitando al mismo tiempo las penalidades en todo aborto, particularmente en los casos de violación sexual. La penalización del aborto no reduce la incidencia de abortos, por el contrario, aumenta la práctica de abortos ilegales y consecuentemente aumenta el índice en muertes maternas. Además, la Secretaria de Salubridad de Guanajuato, tendrá que asegurarse que su personal este entrenado en respetar el derecho al aborto de la mujer y a su atención medica confidencial. Sería conveniente que Guanajuato introdujera una campaña para afirmar los derechos de la mujer y su salud y bienestar reproductivo. EL FIN DE ESTA PETICION NO ES LA INCITACION Y DIVULGACION DE UNA PRACTICA INSENSIBLE, IRRESPONSABLE, AMORAL Y LUCRATIVA DEL ABORTO, CON INDIFERENCIA AL VALOR DE LA VIDA HUMANA. EL FIN DE ESTA PETICION ES LA DE ASEGURAR QUE TODA MUJER GUANAJUATENSE TENGA ACCESO A RECIBIR ATENCION CAPACITADA Y CONFIDENCIAL EN LA REALIZACION DEL ABORTO LEGAL Y DE LAS COMPLICACIONES RESULTANTES POR UN ABORTO, DE ORIGEN LEGAL O ILEGAL, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR SU SALUD REPRODUCTIVA, DIGNIDAD, BIENESTAR Y SU VIDA EN SI. ENGLISH: Women are suffering human rights violations because of Guanajuato state laws and practices that do not guarantee access to safe, legal abortions, but rather prosecute women who arrive at public hospitals for post-abortion care. I write to you, as a native of Guanajuato and advocate for human rights, along with the support of the undersigned because of a deep concern for the reproductive health of women in the state. Though Guanajuato permits legal abortion only after rape, over the past eight years, the state has denied every petition by a pregnant rape victim for abortion services. Over the same period, about 130 women have been sentenced for seeking or providing illegal abortions. Thus, not only do victims of rape--women with a legal right to an abortion--fail to realize they can access public healthcare services or are refused opportune treatment, but those women suffering from complications that arise from illegal abortion procedures fear going to public hospitals and being arrested under the suspicion of having induced an abortion. Not allowed abortion by law and practice, many women turn to the black market for medications that induce abortions; these same women, often after hemorrhaging and near death complications, avoid trips to the public hospital for fear of criminal prosecution. Fear, humiliation, degradation, and physical suffering should not be associated with women and their right to safe and confidential reproductive care. Lack of access to bonafide medical services, including legal abortion following rape and safe and confidential medical care for post-abortion complications, is a violation of a series of the fundamental human rights of women, an affront to their personal dignity, and a violation of their right to a sexual well-being. On March 2, 2009, the Mexican Supreme Court upheld the constitutionality of a Mexico City health law that permits abortion, stating the law was "ideal to protect women's rights, since the criminalization of pregnancy termination contravenes the freedom of women to decide about their bodies, their physical and mental health, and also their lives." In acknowledgment of the Supreme Court's reasoning and Mexico's international human rights obligations toward women, Guanajuato must reform its abortion laws and Criminal Procedure Code to make them consistent with international human rights standards—increasing public health care information and services for women while removing criminal penalties for all abortions, particularly in cases of rape. Criminalization of abortion does nothing to reduce the incidence of abortion, but rather increases the practice of illegal abortions and consequentially increases maternal death rates. Moreover, the Health Secretariat in Guanajuato should ensure their medical personnel are trained to respect women’s rights to abortion and confidential health care. Guanajuato would do well to introduce a campaign asserting the rights of women and their reproductive health. Thank you for your time and attention. Sincerely, The Undersigned

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