FORO CIUDADANO ESPAÑA CONSTITUCIONAL

EN DEFENSA DEL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR

DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

CONTRA EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOMLOE)

La aprobación vía parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), coloquialmente denominada como "Ley Celaá" (en adelante "ley Celaá") en referencia a la actual ministra de Educación Isabel Celaá, genera preocupación e inquietud en la sociedad española ya que establece, entre otras disposiciones, la supresión del calificativo de "lengua vehicular" del idioma castellano dentro del sistema educativo español.

Este proyecto de ley, que fue sometido a votación en el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre para su aprobación, salió adelante gracias a los apoyos obtenidos por los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas PODEMOS, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Más País, con 177 votos a favor, 148 votos en contra y 17 abstenciones.

Desde el Foro Ciudadano España Constitucional, plataforma cívica orientada a defender la importancia de los valores constitucionales y vigencia de la propia Constitución Española como marco de convivencia, apostando por el consenso plural y no por intereses particulares de poder, denunciamos la inconstitucionalidad de la "ley Celaá" respecto de la no consideración de la lengua castellana como lengua oficial de España y la consiguiente relajación sobre la obligatoriedad de todos los españoles respecto del conocimiento de la misma y de las consecuencias de tal consideración en el ámbito del Derecho Fundamental a la Educación.

En sede de principios, el artículo 3 de la Constitución Española reza lo siguiente:

"1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla;

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos;

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

De acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 337/1994), el modelo de "conjunción lingüística" permite a los poderes públicos competentes la capacidad para determinar la proporción en la que son empleadas las dos lenguas como vehiculares en los territorios en las que, además del castellano, exista otra lengua cooficial, como es el caso de Cataluña. No obstante, la doctrina del Tribunal Constitucional establece que, en ningún caso, el castellano puede ser excluido como lengua vehicular o docente.

Habiendo de considerarse a la lengua oficial del Estado contenido inescindible del Derecho Fundamental a la Educación, éste se contempla en el artículo 27 de la Constitución Española en los siguientes términos:

“1. Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respecto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.”

Asimismo, desde la Real Academia Española (RAE), diversos académicos se pronunciaron contra la "ley Celaá" considerando que la misma "no es progresista, es reaccionaria", y denunciando la "marginación del idioma en ciertos ámbitos educativos", un aspecto que "solo puede generar confusión ciudadana" y que "no tiene ninguna cabida fuera de la polémica política". Del mismo modo, ex directores del Instituto Cervantes calificaron la "ley Celaá" de "genocidio lingüístico" contra "nuestra lengua común", en este caso el idioma castellano, hablado por más de "700 millones de personas alrededor del mundo".

Por su parte, expertos constitucionalistas también han objetado a la "ley Celaá" el carácter de "ambigüedad" en la redacción de algunos de sus artículos, y ello en la finalidad de dificultar su control constitucional.

Según la portavoz del ministerio de Educación, Luz Martínez Seijo, lo que se pretende con esta ley es "garantizar a todos los estudiantes el aprendizaje en lengua castellana y en lengua cooficial, como recoge la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y las distintas normativas autonómicas”. Considera igualmente que "aquellos alumnos que puedan tener algún tipo de carencia en cualquiera de las dos lenguas, las administraciones educativas (de las comunidades autónomas) tienen que habilitar mecanismos y programas educativos para hacer refuerzo en cualquiera esas lenguas y evitar que haya una diferencia de competencia lingüística en cualquiera de ellas”.

Desde el Ministerio de Educación argumentan que “se quiere garantizar que el alumnado tenga pleno conocimiento en ambas lenguas, no una sobre la otra” pero si, por ejemplo, un alumno extranjero accede al sistema educativo de alguna comunidad autónoma en la que coexistan dos lenguas oficiales, “se deberán poner a su disposición clases de refuerzo para garantizar la enseñanza de ambas lenguas y que vaya adquiriendo competencias en las dos".

En este sentido, y desde nuestra posición como Foro Ciudadano España Constitucional, consideramos que esta situación redundaría en un esfuerzo innecesario y en un elevadísimo coste económico para las diferentes administraciones educativas, que terminarían cercenando los derechos lingüísticos de miles de estudiantes, ya que no todos podrían acceder.

Consideramos por tanto que rebajar la categoría oficial del castellano y ofrecer un mayor protagonismo a las lenguas cooficiales podría generar la confrontación de lenguas en aquellas comunidades autónomas en las que existan dos lenguas cooficiales, lo que podría afectar a aquellas familias que quieran buscar para sus hijos centros públicos que tengan el castellano como lengua vehicular.

Del mismo modo, consideramos que la "ley Celaá" supone un instrumento de oportunismo político impulsado por el gobierno de coalición conformado por Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas PODEMOS), para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios que posibiliten la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021, consideración que se refuerza en base a la intencionalidad del gobierno de obtener el apoyo parlamentario el partido separatista catalán ERC. Cabiendo considerar, asimismo, que tales PGE, en particular, ante los efectos de la pandemia COVID 19, resultan incompatibles con las medidas europeas de reestructuración y recuperación económica.

En definitiva, desde este Foro Ciudadano venimos a denunciar la progresiva distorsión social y el estado de confusión ciudadana con que esta ley amenaza al sistema educativo español al otorgar a cada Comunidad Autónoma la potestad de enseñanza en el idioma que considere oportuno.

Asimismo, desde este Foro Ciudadano, se considera que tal “ley Celaá” viene a cuestionar la viabilidad de programas educativos a nivel europeo, como es el caso del ERASMUS-COMENIUS, así como de otros programas educativos dirigidos a países iberoamericanos (Becas Carolina, entre otras), cuyos estudiantes acostumbran a elegir España como destino universitario y ello, indudablemente, en razón del idioma. En este sentido, resultaría que, dependiendo del destino universitario elegido (Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia) podrían frustrarse sus expectativas lingüísticas al serles requerida la enseñanza en otras lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego).

En los sentidos apuntados, desde este Foro Ciudadano se viene a considerar que la "ley Celaá" vulnera el artículo 21 sobre No Discriminación contenido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Así las cosas, desde el Foro Ciudadano España Constitucional elevamos ante la Comisión Europea la presente denuncia sobre la "ley Celáa" en base a los siguientes motivos:

1. El carácter inconstitucional de la misma, por vulnerar el derecho a la educación en idioma castellano establecido en el artículo 27 en relación con el artículo 3 de la Constitución española, anteriormente citados que, asimismo, viene a contrariar la política lingüística de la Unión Europea en materia de defensa de los idiomas nacionales.

2. Su utilización como instrumento político para obtener apoyos parlamentarios orientados a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, asimismo, contrarían los estándares europeos determinados por los planes de reactivación ante los efectos socioeconómicos de la pandemia del COVID 19 y que resultan incompatibles con las medidas europeas de reestructuración y recuperación económica.

3. Los preocupantes efectos sociales y educativos que esta ley tendrá en millones de familias españolas, que desean que sus hijos sean educados en idioma castellano, sin que ello signifique desconocer o menospreciar la cooficialidad de lenguas como el catalán, el euskera y el gallego, así reconocidas constitucionalmente.

4. La distorsión que esta ley igualmente tendrá en el ámbito exterior de actuación del Reino de España, en particular de cara a su espacio iberoamericano, donde el idioma castellano es efectivamente una "lengua vehicular" de relación lingüística y de expresión cultural, que posibilita el encuentro de culturas.

5. La frustración de las legítimas expectativas de los estudiantes que deseen participar en el sistema educativo español a través de programas educativos (ERASMUS- COMENIUS, Becas Carolina y Reina Sofía, etc) por venir a afectarles en el uso del idioma castellano.

Y para que así fuere, respaldan esta iniciativa los abajo firmantes.

Vigo, a 22 de Noviembre de 2020.