Puerto Rico sufrió en el mes de septiembre el embate de dos huracanes - Irma y María - que destrozaron gran parte del país desencadenando la mayor crisis social y económica de los últimos 50 años, especialmente en aquellas áreas y poblaciones más vulneradas por la pobreza, las desigualdades y la marginalización.

Nuestras escuelas han servido bien al país, a pesar de los embates que han recibido: mala administración de fondos públicos, cierre de planteles, lentitud en la contratación docente, ausencia de planes diferenciados en atención al estudiantado con capacidades diversas que sufre desigualdades en el aprendizaje.

Luego de tres meses de la devastación, muchas escuelas permanecieron cerradas debido a procesos burocráticos e irregulares de inspección y rehabilitación liderados por el Departamento de Educación (DE) con la intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, la Federal Emergency Management Administration y una firma privada que por una cifra altísima solo hizo trámites de papel.

A pesar del esfuerzo que han hecho las comunidades escolares limpiando, acondicionando y habilitando los predios de sus escuelas, los funcionarios administrativos del DE a cargo no fueron efectivos en articular un plan ágil para inspeccionar, certificar y viabilizar sus aperturas oportunamente. Tampoco se ha contratado todo el personal docente y de apoyo que es necesario tener en cada escuela abierta del país.

Por tanto, exigimos:

Que el Departamento de Educación no reduzca el proceso de enseñanza y aprendizaje a un menester económico y que para ello responda de manera sensible y oportuna a las necesidades de todos los estudiantes.

Que desistan de cerrar planteles y se contraten los maestros/as que se necesitan para garantizar una educación de excelencia a todos los niños y jóvenes del sistema público. La educación es una inversión necesaria, ahora más que nunca.

Que dote a las escuelas de trabajadores sociales, psicólogos escolares y consejeros para que puedan atender las necesidades apremiantes que enfrentan los estudiantes y sus familias, así como prevenir la cronicidad de factores que impactan adversamente el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Que el presupuesto millonario del DE atienda las necesidades de las escuelas y se reconozca la labor de las comunidades escolares en pleno que han estado despiertas limpiando, acondicionando, habilitando sus espacios y dotarlas del personal docente y de apoyo socioemocional necesarios.

Que no se use de pretexto la deuda pública y la situación de precariedad económica para desmantelar nuestra educación pública primaria y secundaria, sino que por el contrario, se cumpla con el mandato ético y constitucional de defenderla como bien público y derecho humano fundamental, según estipulado por organismos internacionales.

Que se respete y honre la participación de la ciudadanía, incluyendo la Universidad de Puerto Rico y otros grupos aliados de la educación pública, en la construcción de una sociedad más equitativa, sostenible y solidaria para promover - junto al gobierno - el bienestar integral y la calidad de vida de las familias y comunidades de nuestra niñez y juventud.