NO A LA DESTITUCIÓN, NO AL ANTEJUICIO A LOS MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
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La crisis institucional de la democracia, es una señal de alerta sobre el futuro de nuestro país.
La falta de institucionalidad democrática ha sido considerada ampliamente como uno de los factores que han propiciado la violencia y la criminalidad en El Salvador.
Cuando por primera vez tenemos fallos de justicia constitucional apegados a la norma y no a la conveniencia política, se pretende quitar de cualquier manera y a cualquier costo a los magistrados que fallan de forma mayoritaria en sentencias que han tocado las fibras sensibles del poder político, demasiado acostumbrado a ejercerse sin controles.
La burda maniobra de reformar la Ley Orgánica Judicial para obligar a la Sala a fallar de manera unánime es solo una muestra del deseo de censurar su trabajo. Ante la legítima inaplicación que hizo la Sala del decreto 743, amparada en la facultad que le da el Art. 185 de la Cn., diputados de la Asamblea Legislativa, pretenden lograr por la vía del poder, lo que no pueden lograr con la razón y la legalidad y han agendado el inicio, en el corto plazo, de procesos de antejuicio o de directa destitución de los magistrados Belarmino Jaime (Presidente de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial), Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez.
Creemos que de tener éxito en el retiro de los magistrados, las consecuencias serían catastróficas para la institucionalidad y supondrían una involución a la situación previa a los Acuerdos de Paz. Todo esto, cuando las mismas autoridades reconocen la necesidad de fortalecer las instituciones para detener el avance del crimen organizado y lograr reducir la impunidad.
Destruir los avances en materia de institucionalidad democrática es dar una sentencia mortal para el país y lo entrega a la corrupción y el crimen.
Destruir los avances en materia de institucionalidad democrática es dar una sentencia mortal para el país y lo entrega a la corrupción y el crimen.
Por todo lo anterior, señores y señoras miembros de la Asamblea Legislativa, señor Fiscal General de la República, señores dirigentes de partidos políticos: no atenten contra la democracia y el Estado de Derecho. No al antejuicio, no a la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pueden pasar a la historia como constructores de democracia o como los destructores de ella.
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