Publicado en: Diciembre del 2017

Coautoras- Dra. Nellie Zambrana Ortiz, Dra. Anaida Pascual Morán, Dra. Gladys Capella Noya , Dra. Ana Miró Mejías,

Dra. María G. Rosado Almedina, Dra. Marinilda Rivera y Dra. Lisandra Pedraza

Puerto Rico sufrió en el mes de septiembre de 2017 el embate de dos huracanes - Irma y María - que destrozaron gran parte del país desencadenando la mayor crisis social y económica de los últimos 50 años, especialmente en aquellas áreas y poblaciones más vulneradas por la pobreza, las desigualdades y la marginalización.

Por tanto, exigimos:

Que el Departamento de Educación no reduzca el proceso de enseñanza y aprendizaje a un menester económico y que para ello responda de manera sensible y oportuna a las necesidades de todos los estudiantes.

Que desistan de cerrar planteles y se contraten los maestros/as que se necesitan para garantizar una educación de excelencia a todos los niños y jóvenes del sistema público.

Que se dote a las escuelas de trabajadores sociales, psicólogos escolares y consejeros para que puedan atender las necesidades apremiantes que enfrentan los estudiantes y sus familias, así como prevenir la cronicidad de factores que impactan adversamente el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Que el presupuesto millonario del DE se use para atender las necesidades de las escuelas y se reconozca la labor de las comunidades escolares en pleno, que han estado despiertas limpiando, acondicionando, habilitando sus espacios y dotarlas del personal docente y personal de apoyo socioemocional tan necesarios en estos momentos.

Que no se use de pretexto la deuda pública y la situación de precariedad económica para desmantelar nuestra educación pública primaria, secundaria y superior, sino que por el contrario, se cumpla con el mandato ético y constitucional de defenderla como bien público y derecho humano fundamental, según estipulado por organismos internacionales.

Que se desista de proyectos de ley que llenan las cárceles de niños y niñas, presa del abandono institucional con pocas esperanzas para florecer. Por esto, en vez de acciones castigadoras, el gobierno y sus líderes tienen que ver la educación como una práctica transformadora y emancipadora y una necesaria inversión en Puerto Rico.

Que se honre la participación de la ciudadanía, la Universidad de Puerto Rico y otros grupos aliados de la educación pública en la construcción de una sociedad más equitativa, sostenible y solidaria para promover - junto al gobierno - el bienestar integral y la calidad de vida de las familias y comunidades de nuestra niñez y juventud.