FORTALECIMIENTO DE LA LEY 25.724:
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Introducción

El correcto estado nutricional en la población materno-infantil constituye un factor esencial para el desarrollo de la persona y de la sociedad en su conjunto. Una adecuada nutrición, en un contexto de apego familiar emocional, una cobertura de calidad de atención de la salud y de seguridad social, hace posible el crecimiento psicofísico y afectivo de la persona y contribuye al logro de una óptima calidad de vida, además de prevenir enfermedades mortales y carencias que a largo plazo son de muy difícil sino de imposible reversión.

Los problemas de acceso a una adecuada alimentación continúan siendo relevantes y de muy negativas derivaciones en los países en desarrollo.

La desnutrición materno-infantil es un problema sanitario y social que es necesario erradicar. Es causa de enfermedades que pueden desencadenar en la muerte, pero sobre todo se asocia a una menor resistencia a infecciones y a importantes desequilibrios en el desarrollo intelectual, en las capacidades cognitivas y en la seguridad afectiva, lo cual repercute en el recorrido escolar, social y productivo futuro de la persona, condicionando su desarrollo saludable.

La desnutrición supone la vulneración de un derecho humano fundamental que requiere el trabajo conjunto de toda la sociedad en pos de su erradicación. El Estado es el principal responsable de garantizar, mediante acciones positivas integrales el derecho a la vida y al desarrollo de todos los niños y niñas de nuestro país y en ese sentido ha habido avances.

La Desnutrición en la Argentina: un Problema Complejo y Persistente

En los últimos años, Argentina ha avanzado intensamente en el reconocimiento de los derechos de la niñez tanto adhiriendo a normas internacionales como dictando normas propias tendientes a la protección de los mismos.

Dentro de estas normas, es necesario destacar la Ley Nº 25.724 que crea el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, dando de esta forma un marco integral para la implementación de un verdadero proceso de erradicación de la desnutrición en nuestro país; y el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1602 del 29 de octubre de 2009, que instaura un nuevo esquema de transferencia de ingresos denominado “Asignación Universal por Hijo para Protección Social” (AUH).

A su vez, a nivel de los ministerios nacionales, los Programas “Jefes y Jefas de Hogar Desocupado” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), “Familias por la Inclusión Social” (Ministerio de Desarrollo Social), y los planes Plan Materno Infantil y “Nacer” (Ministerio de Salud), han sido también un importante aporte a la causa.

Sin embargo, la desnutrición materno-infantil continúa siendo un problema de salud pública en nuestro país. Una importante franja de la población materno-infantil se encuentra todavía expuesta al hambre y la desnutrición.

Pese a la existencia de los programas gubernamentales y a la acción de diversas organizaciones de la sociedad civil en proyectos relacionados con la seguridad alimentaria, hay todavía al menos 750 mil niños de 0 a 17 años en situación de riesgo alimentario severo en las áreas urbanas y se desconocen detalles precisos sobre lo que ocurre en las zonas rurales más pobres de nuestro país*.

Es por ello, que tanto al Estado, en sus tres niveles, como a las organizaciones de la sociedad civil, les corresponde conjuntamente comenzar a llevar adelante los cambios necesarios que permitan la implementación de un verdadero Plan Nacional para la erradicación de la desnutrición infantil y materna en la Argentina, como lo establece nuestra legislación.


Para lograr los objetivos establecidos por la Ley Nº 25.724, proponemos llevar adelante las siguientes modificaciones:

1)Creación de un registro único de beneficiarios del PNSA.

2)Intensificar el trabajo de las comisiones nacionales, provinciales y municipales creadas por el artículo 4

Consideramos necesario otorgar mayor participación a las organizaciones de la sociedad civil, dentro de su ámbito de competencia y acción, en las comisiones de trabajo, y en los tres niveles de implementación. El principal objetivo, es poder aplicar sus conocimientos y experiencias en la optimización del proceso en todas sus etapas y el cumplimiento con lo estipulado por el artículo 5.

Estas comisiones deberán elaborar un plan estratégico que contenga la totalidad de los componentes a alcanzar, determinar los mecanismos y condiciones para la articulación interjurisdiccional e intersectorial así como la determinación de la competencia específica de cada organismo ejecutor.

3) Actualización del Registro Nacional de CAPS.

Considerando que nuestro país cuenta con 5498 Centros de Atención Primaria a la Salud y 215 Centros Integradores Comunitarios distribuidos por todo el extenso territorio argentino, y que conforman la red más extensa y federal con la que contamos para llegar a la población más vulnerable,

Es importante la actualización permanente del Registro Nacional de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

Este registro permitirá:
-Tener mayor información individualizada del trabajo de los mismos, junto a sus fortalezas y debilidades.
-Fortalecer el monitoreo del funcionamiento y las gestiones municipales y provinciales; como así también de los programas y planes que se desarrollen en ellos, como lo establece el artículo 5 en su inciso d de la Ley Nº 25724.
-El involucramiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el trabajo de cada uno de los centros, y el fortalecimiento del vínculo entre estos y la comunidad.

4) Fortalecer a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

Con el objetivo de optimizar la estructura existente para implementar una política  focalizada en disminuir la desnutrición materno-infantil en Argentina proponemos fortalecer los CAPS. Dicho enriquecimiento sería un aporte en términos de recursos humanos, flujos regulares de insumos, equipamiento y la infraestructura necesaria para el desarrollo de talleres y temas vinculados a la estimulación y capacitaciones a las madres.

En el marco de este fortalecimiento, es sumamente importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

-El aumento de los promotores o agentes sanitarios como lo establece el artículo 5 inciso c1 del reglamento de la norma, quienes cumplirán un rol primordial a la hora de rastrillar los lugares optimizando el acceso al servicio de la población. A su vez, estos ayudarían a difundir los programas, acortando las distancias y consolidando el vínculo con las comunidades.

-Asegurar, en los centros, el desarrollo de actividades de estimulación temprana en los niños/as hasta 5 años de edad que integren familias de riesgo, como lo indica el inciso del artículo 5 de la ley; y el acompañamiento de las madres durante todo el embarazo.

-Los centros deberán estar dotados del equipamiento, insumos y entrenamiento necesarios para garantizar un flujo de información en tiempo real entre los diferentes niveles de promoción, prevención y atención de la salud.

-A su vez, como parte del rediseño de los centros planteado, es necesario establecer tanto dentro de los centros como en comedores comunitarios y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la problemática, programas de capacitación para los profesionales y la población en general que se encuentra en el radio de acción de los centros.

Consideramos el tema de la capacitación de las madres como un eje prioritario a tener en cuenta. Gracias al ingreso extra con el que cuentan las familias desde la ejecución de la Asignación Universal por Hijo, creemos que es un momento clave para intervenir en este aspecto. Sugerimos que la implementación de dichas capacitaciones sean articuladas con organizaciones de la sociedad civil.

Bibliografía

Equipo de niñez y adolescencia
Desnutrición Infantil y Materna