Acción Urgente Defendamos la Soberanía de Honduras, así como la Cultura y el Territorio del Pueblo Garifuna de Honduras. Los garífunas radicamos en Honduras desde hace 215 años, después de haber sido expulsados de la isla de San Vicente (Antillas menores) donde se dio la etnogénesis de nuestra cultura, a mediados del siglo XVII. A principios del siglo XX, con el arribo de las compañías bananeras a Centroamérica, se inicio la pérdida el hábitat funcional de nuestras comunidades, cuando el estado de Honduras entrego enormes franjas de territorio a las bananeras a cambio de la construcción del tendido férreo. Honduras posee una historia marcada por la entrega de su territorio al capital extranjero: desde la República de Poyais, pasando por la invasión financiada por Sam Zemurray que tuvo resultado república bananera del siglo XX, y en la actualidad el nefasto capítulo de las ciudades modelo (charter city) promovido por Paul Romer y los libertarios estadounidenses. A partir del golpe de estado del año 2009, comenzó una ofensiva de parte del poder legislativo, para aprobar una serei del eyes de corte neoliberal, ente otras la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), conocida también como ciudad modelo, con la cual el Estado pretenden subastar franjas del territorio nacional al capital extranjero, so pretexto de remediar la pobreza crónica que afecta al país. En diversas ocasiones tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, indicaron que la primera RED en Honduras se ubicará entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, área que incluye 24 comunidades Garífunas, las cuales son consideradas como el santuario cultural Garífuna. Además se ha mencionado crear RED destinadas para la producción de agrocombustibles, presuntamente en los bosques tropicales de la moskitia hondureña. Existen el nefasto precedente de la entrega durante el golpe de estado, de la Bahía de Trujillo al inversionista canadiense Randy Jorgenson, conocido en su pais como el Rey del Porno, el que demolió la comunidad garífuna de Río negro para la construcción de un muelle y centro turístico denominado Banana Coast. El 18 de octubre del 2011, un grupo de abogados, presentó ante la Corte Suprema de justicia, un recurso de Inconstitucionalidad, en relación a las RED. El pasado 25 de febrero, el Ministerio Público declaró procedente el recurso interpuesto. De inmediato el Congreso Nacional inició una campaña de presiones hacia la Corte de Suprema de Justicia, incluyendo hasta la amenaza de cortar parte del presupuesto destinado a ese organismo. En este momento, en Honduras está en juego la independencia judicial, elemento sine cuan non la democracia se encuentra en entredicho. Las RED afectan a todos los hondureños, los que vemos cada día erosionar aun mas los derecho humanos, mientras nos encontramos sumido en un mar de violencia. Es urgente su apoyo para indicar a la Corte Suprema de Justicia la importancia de la soberanía nacional y como la implementación del proyecto neocolonial de las ciudades modelos pone en riesgo a los garifunas y al pueblo hondureño en general. Miriam Miranda Coordinadora OFRANEH Carta Corte Suprema Magistrado José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente) Magistrado Gustavo Enrique Bustillo Palma Magistrada Rosalinda Cruz Sequeira   Magistrado José Francisco Ruiz Gaekel   Magistrado Oscar Fernando Chinchilla Banegas   Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia. Estimado señor: Ante la próxima determinación que asumirá la Corte Suprema de Justicia, en relación al Recurso de Inconstitucionalidad presentado contra el decreto legislativo No 283-2010 y las reformas efectuadas a la Constitución de la República, para la creación de las Regiones Especiales para el Desarrollo (RED); señalamos nuestra enorme preocupación por la obliteración de la soberanía de la República de Honduras y las inminentes consecuencias que acarreará en términos de erosión de la potestad jurisdiccional del Estado, la forma de gobierno y la soberanía territorial, pero además, sus efectos directos sobre garantías fundamentales y derechos individuales, económicos, Sociales y Culturales protegidos por normativa universal de derechos humanos, los cuales el Estado Honduras es signatorio Las RED, según el instrumento legislativo, están concebidas para afectar en general los derechos de la población hondureña, pero de forma específica a los pueblos indígenas del país, pues según anuncios oficiales, se pretenden asentar en las costa norte del país, en donde por más de doscientos años han sido habitada los pueblos Garífuna y Misquito, de acuerdo a sus propias formas de vida y con una relación fundamental con los territorios. Esta imposción territorial vulnera los derechos humanos de los pueblos en términos de impactar las formas de vida únicas y la cosmovisión que se basan en la estrecha relación con la tierra,. Así lo disponen las fuentes de derecho y marco jurídico de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que según la jerarquía normativa tienen aplicación preferente y obligatoria y que se consignan en la Declaración Americana de Derechos Humanos (Art. XXIII), la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 21), el Convenio 169 de la O.I.T., El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, El Convenio sobre la Diversidad Biológica (Art. 8j), la declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y la convención de Viena sobre el derecho de los tratados, todos, firmados y ratificados por el Estado de Honduras. Es de conocimiento nacional e internacional el dictamen del Ministerio Publico que advierte la inconstitucionalidad del decreto cuestionado en relación a las RED, de igual forma la existencia de presiones por parte del Poder legislativo hacia la Corte Suprema de Justicia, situación que pone en duda la independencia del poder Judicial, situación que constituye una grave ofensa a la institucionalidad del país. En la historia contemporánea no existe ejemplo alguno de la dimensión de la "aventura" que se pretende implementar en Honduras, la que puede conducir a nuevas formas de colonialismo en el siglo XXI. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia de Honduras asuma la importancia de la independencia y la defensa de su soberanía y declare la Inconstitucionalidad del Decreto No 283-2010 creador de las nefastas Regiones Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelo. Atentamente,